Es momento de implementar reformas en los sistemas penales de América Latina y el Caribe que protejan los derechos humanos y la evidencia en la reforma de la política criminal en la región. De hecho, las evaluaciones de las alternativas a la detención centradas en la rehabilitación evidencian que pueden reducir las tasas de reincidencia de manera más efectiva que la cárcel, al abordar las razones por las que las personas comenten delitos y haciendo que las comunidades sean más seguras.
La gama de alternativas es amplia y debe adaptarse a las necesidades individuales de cada caso. Entre las alternativas a las penas de prisión figuran las multas, las órdenes de tratamiento y supervisión de las drogas, la vigilancia electrónica con condiciones y supervisión, las medidas de justicia restaurativa en las que participan la víctima y la comunidad, programas específicos para abordar las causas del delito (por ejemplo, programas de tratamiento), órdenes de libertad vigilada, servicios a la comunidad y condenas condicionales y suspendidas.
Nuestro llamado
- Establecer espacios de discusión con carácter vincúlate sobre la política criminal con base en la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos. Además, de priorizar la evidencia disponible sobre la ineficiencia de la cárcel.
- Redirigir los recursos de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico hacia los más fuertes, mediante el fortalecimiento de la investigación criminal. Incluso, priorizar presuntos hechos de corrupción en instituciones.
- Este tipo de discusiones deberán partir del principio de igualdad y no discriminación al reconocer los impactos diferenciados de la política criminal en poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas de escasos recursos económicos, mujeres, población LGBT, grupos étnicos, personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes o los mayores adultos.
- Incorporar un enfoque diferencial de género para las situaciones de discriminación de las mujeres y una posibilidad de implementar las medidas para ser frente a esta situación.
- Promover espacios de discusión a nivel regional y suprarregional para abordar la efectividad de la actual postura prohibicionista.
Pese a que en los últimos años se ha registrado un avance en la descriminalización de delitos asociados a las drogas, a nivel mundial cerca de 2.5 millones de personas se encuentran en cárceles por este tipo de delitos, 22% de ellas por posesión de drogas para consumo personal, según la organización no gubernamental Penal Reform International. Además, señala que las duras políticas de drogas han afectado de manera desproporcionada a las mujeres, que a menudo participan en actividades de bajo nivel, pero de alto riesgo, a menudo como resultado de la pobreza.
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