Política de drogas y su incidencia en la política criminal: Retos para la administración de justicia en Colombia

Por: Andrés Palencia

La actual política criminal en Colombia carece en buena medida de evidencia y  genera un impacto diferenciado para las poblaciones vulnerables y socialmente excluidas, además, representa una sobrecarga para la administración de justicia. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario cerca de 111.945 personas cuentan con medida intramural, de estos los delitos de drogas son la segunda conducta delictiva del total de sindicados y la tercera del total de las personas condenadas. Además, es el tercer delito con mayor reincidencia luego de homicidios y el hurto.

Esta política no prioriza las cadenas de valor y ha impactado principalmente a los eslabones más débiles de la cadena de narcotráfico como distribuidores de pequeña escala, campesinos de subsistencia y mujeres, sin que estas acciones impactan en el desmantelamiento de organizaciones de crimen organizado y por el contrario perpetúan discursos asociados al populismo punitivo, la reactividad y la vulneración de derechos  (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012).

De igual manera, desconoce el carácter flexible y fragmentado de los grupos de crimen organizado. Además, deja de lado el fenómeno multicausal y multifacético de criminalidad, y  no integra la realidad internacional asociada a procesos de legalización y/o regularización de mercados de drogas que varios países, en la comunidad internacional, han llevado a cabo, ni el llamado de la sociedad civil para modificar el sistema global de fiscalización de drogas.

Este enfoque ha dado lugar a la persistencia de la criminalidad que afecta la seguridad ciudadana y representa, entre otros, encarcelamiento, hacinamiento en las cárceles y un elevado costo social; mientras la producción, el tráfico y el consumo de drogas han tendido a transformarse (IDPC,2016). Como varios autores han afirmado, la política criminal se ha centrado de manera fundamental en el derecho penal, en el marco de la criminalización, el recrudecimiento de penas o la ampliación de términos para llevar a cabo la investigación penal.

Para Uprimny, la política de drogas, además, se caracteriza por una legislación abundante en tipificación de conductas.  Esta tendencia coincide por lo expuesto por Baratta quien, además, plantea que la criminalización de la droga expone el sistema penal a “graves contradicciones internas y expone al sistema de justicia a una potencial crisis de legitimación y credibilidad, más evidente aún de la que se produce en general con respecto al impacto del sistema carcelario sobre los problemas sociales”.

Este escenario permite discutir y fomentar el debate de alternativas de intervención por parte de la política criminal basadas en la evidencia, la protección de los derechos humanos y en los limitados recursos para la aplicación de esta política. Esta funcionalidad podría operar en una doble vía al permitir consolidar la presencia a nivel territorial de operadores de justicia en concordancia al mandato constitucional dispuesto en el artículo 229 la Constitución Política de 1991 que “garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia”.

El Delito de “Tráfico Interno de Estupefacientes, Psicotrópicos y otras Sustancias controladas” en menor cantidad en Nicaragua y su castigo

Por: Marlene Grissel Sandoval Lezcano

De acuerdo a la realidad cada vez más compleja del mucho, provocada por la globalización que ha traído consigo la desaparición de fronteras, el avance tecnológico y otras circunstancias que facilitan en mucho de los casos la comisión de los delitos y en el caso concreto del narcotráfico se puede afirmar que los estados al no sentirse preparados para combatir este flagelo desde las estructuras sociales, económicas y administrativas, han recurrido al poder punitivo estatal representado por el derecho penal y creando delitos de peligro abstracto mediante los cuales regulan conductas peligrosas anticipándose a la posible afección o lesividad que pueda sufrir el bien jurídico generalmente colectivo que en caso objeto de estudio es la “salud pública”, desvirtuando de esta forma el principio más relevante del derecho penal como es el principio de intervención mínima o última ratio, el principio de lesividad y en muchos de los casos el principio de proporcionalidad, todo con el fin de inocuizar a los delincuentes, como una forma de frenar estos males, olvidándose de los costos que esto conlleva y por lo cual en muchos de los casos las prácticas delictivas persisten, al no buscarse alternativas sociales, por ejemplo en el caso de los países en subdesarrollo como Nicaragua donde la deplorable situación económica y la escasez de empleo, hace que parte de la población de la costa atlántica vea en el tráfico de drogas una forma de sobrevivir.

Estando conscientes que el bien jurídico que se pretende proteger mediante la tipificación del delito tráfico interno de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas es la “salud pública”. Pero como refiere la profesora Cristina Méndez “junto a la protección de un auténtico bien jurídico y para dar cumplimiento al principio de ofensividad, es necesario exigir que éste pueda ser realmente afectado y que en el caso concreto efectivamente lo sea a través de la acción del agente”[1].

Por lo cual considero meritorio que los legisladores nicaragüenses traten de adecuar mediante reforma las penas o consecuencias jurídicas de los delitos objeto del presente estudio, al principio de ofensividad o lesividad, y proporcionalidad, a fin de evitar el desgaste en que se ven incursos los integrantes del órgano facultado para ejercer la acción penal –Ministerio Público– y demás operadores del sistema penal, y poder destinar los recursos humanos y materiales a casos meritorios.

Debiendo tener presente aquellos aspectos constitucionales que se refieren a los principios de intervención mínima y racionalidad como fuente principal, tanto de los bienes jurídicos merecedores de tutela, como de aquellos objetivos que se predican en la organización social y que deben inspirar el ejercicio del poder, teniendo como norte el principio de libertad, justicia y dignidad humana consagrado en el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua. En esta línea de pensamiento, es indudable que si bien el criterio de entidad de la lesión al bien jurídico o su puesta en peligro, es quizás la mas relevante a efectos de dar contenido al concepto de insignificancia sostenido por la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, también existen otros elementos que coadyuvan en esta tarea, desde el punto de vista de la acción y la entidad de su desvalor, o desde la óptica de la pena, que pudiera resultar desproporcionada con relación a la lesión del bien jurídico.


[1] MÉNDEZ RODRÍGUEZ, Ibíd., p. 54.

Repensar la política criminal en Paraguay

Por; Matías Olivera*

Cuando se habla de política criminal o carcelaria siempre es bueno partir del comienzo. ¿Por qué la gente va a la cárcel? Cada país plantea en sus leyes los principios teóricos de la privación de libertad, en Paraguay, tiene una doble función, la seguridad y la reinserción sociales, en Estados Unidos no la complican y el pilar teórico se basa en meter preso a alguien para proteger a la sociedad, y digo que no se complica para enfatizar el punto de la reinserción social. En Paraguay los porcentajes de reincidencia son bastantes altos, generalmente en hechos punibles como robo y hurto, y seguido en la estadística la tenencia de sustancias ilícitas o microtráfico.

En psicología se sabe que las personas consumen drogas por diversos motivos, se sabe también que algunas son más peligrosas y adictivas que otras y también se sabe que generalmente es necesario cierto acompañamiento y ciertos cuidados para cortar el círculo de consumo, en las penitenciarías es realmente difícil encontrar estás situaciones, más bien todo lo contrario, es sabido que en algunas cárceles de Paraguay no solo se consume mucha droga, para hacer los días más llevaderos como dicen los internos, sino que se elaboran y hasta se vende «afuera», es decir se hace el negocio de la droga desde la cárcel hacia el exterior. Sumado a esto el consumidor de sustancias que por tenencia de cannabis, por ejemplo, termina en la cárcel, debe convivir con ladrones, asesinos, estafadores, en la jerga popular se dice que «salen peor» y si bien se conocen varios casos de internos modelo que aprendieron las habilidades sociales para vivir sin delinquir me animo a decir que será una minoría, tratando de dar una conclusión es importante repensar la política criminal Latinoamérica y hasta mundial, porque definitivamente no aporta los resultados que pretende, un cambio de enfoque o de perspectiva podría ayudarnos a dar una solución tanto a la seguridad social, a los consumidores problemáticos de sustancias y también a los internos penitenciarios en general.

Referente a las situaciones de las internas penitenciarias en Paraguay la situación no es muy distinta a lo mencionado con el agravante de que algunos niños/as no tienen más opción que ser criados en la misma penitenciaria, no es raro que una interna embarazada deba hacerse cargo no solo de ella sino de sus hijos en su estadía, está situación ha estado en el foco de varios debates, dado que un entorno penitenciario no es el más seguro para el desarrollo de un niño, pese a eso las respuestas del estado son lentas y poco efectivas. Para agregar una última acotación a lo previamente expuesto, el autor de este escrito considera que una manera de evitar las sobrepoblaciones penitenciarias sería dar un enfoque menos gravoso a delitos menores como tenencia de sustancias y similares, que podrían tener un tratamiento psicológico u otras alternativas, en vez de enviar a la cárcel a alguien por tenencia de cannabis o similares, que estrictamente hablando no presentan un problema directo a la sociedad.

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*Psicólogo jurídico-forense de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay.

Petición: reimaginar la política criminal en América Latina y el Caribe

Es momento de implementar reformas en los sistemas penales de América Latina y el Caribe que protejan los derechos humanos y la evidencia en la reforma de la política criminal en la región. De hecho, las evaluaciones de las alternativas a la detención centradas en la rehabilitación evidencian que pueden reducir las tasas de reincidencia de manera más efectiva que la cárcel, al abordar las razones por las que las personas comenten delitos y haciendo que las comunidades sean más seguras.

La gama de alternativas es amplia y debe adaptarse a las necesidades individuales de cada caso. Entre las alternativas a las penas de prisión figuran las multas, las órdenes de tratamiento y supervisión de las drogas, la vigilancia electrónica con condiciones y supervisión, las medidas de justicia restaurativa en las que participan la víctima y la comunidad, programas específicos para abordar las causas del delito (por ejemplo, programas de tratamiento), órdenes de libertad vigilada, servicios a la comunidad y condenas condicionales y suspendidas.

Nuestro llamado

  • Establecer espacios de discusión con carácter vincúlate sobre la política criminal con base en la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos. Además, de priorizar la evidencia disponible sobre la ineficiencia de la cárcel.
  • Redirigir los recursos de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico hacia los más fuertes, mediante el fortalecimiento de la investigación criminal. Incluso, priorizar presuntos hechos de corrupción en instituciones.
  • Este tipo de discusiones deberán partir del principio de igualdad y no discriminación al reconocer los impactos diferenciados de la política criminal en poblaciones en situación de vulnerabilidad, como personas de escasos recursos económicos, mujeres, población LGBT, grupos étnicos, personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes o los mayores adultos.
  • Incorporar un enfoque diferencial de género para las situaciones de discriminación de las mujeres y una posibilidad de implementar las medidas para ser frente a esta situación.
  • Promover espacios de discusión a nivel regional y suprarregional para abordar la efectividad de la actual postura prohibicionista.

Pese a que en los últimos años se ha registrado un avance en la descriminalización de delitos asociados a las drogas, a nivel mundial cerca de 2.5 millones de personas se encuentran en cárceles por este tipo de delitos, 22% de ellas por posesión de drogas para consumo personal, según la organización no gubernamental Penal Reform International. Además, señala que las duras políticas de drogas han afectado de manera desproporcionada a las mujeres, que a menudo participan en actividades de bajo nivel, pero de alto riesgo, a menudo como resultado de la pobreza.